Las administraciones derogarán 7.000 trabas para abrir empresas

La ley de libre establecimiento suprimirá la actual autorización previa para negocios de servicios.Estado, autonomías y ayuntamientos solo podrán exigir requisitos justificados por el interés general.

No parece lógico que abrir una empresa de fontanería lleve 15 días en un municipio y 240 días en otro, ni que cueste 100 euros obtener los permisos en una localidad y 2.700 en otra. Tampoco, que obtener una licencia para abrir una autoescuela solo sirva para una provincia. No parece tener mucho sentido que a una autoescuela se le exija un aula de 20 metros cuadrados para impartir clases teóricas para el carnet de conducir turismos y que esa misma aula deba tener 30 metros si es para el carnet de camiones. Y no es comprensible que colegios profesionales exijan un certificado de buena conducta a los titulados.

Son sólo ejemplos de requisitos injustificados, algunos disparatados, que hay que cumplir en la actualidad para poder ejercer un negocio de prestación de servicios. Se calculan que son 7.000 los que deben desaparecer. El Consejo de Ministros estudió ayer el anteproyecto de ley de trasposición de la Directiva Europea de Servicios, que en España ha sido bautizada como "ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios" porque incide en facilitar los trámites para acceder a un servicio o ejercer un negocio. "Se trata de una de las leyes más importantes de esta legislatura", dijo el vicepresidente económico, Pedo Solbes, ya que supone una auténtica "revolución mental" para hacer más competitivo el mayor sector económico.

FIN DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA El anteproyecto de ley quiere garantizar, de ahora en adelante, la libre prestación y acceso a servicios en España. Como principio general, el ejercicio de una actividad de servicios no estará sujeto a autorización previa, sino a un control a posteriori, con lo que se pretende reducir los trámites, el tiempo y el coste de iniciar un negocio. Un ejemplo: para abrir una peluquería, no habrá que esperar a que un funcionario certifique que el aire acondicionado está instalado; bastará con notificar su apertura, aunque más tarde se podrá recibir una inspección.

En todo caso, sólo se podrán exigir requisitos cuando estén debidamente justificados por razones de interés general y si son proporcionados y no discriminatorios por razón de nacionalidad o domicilio social. Junto a la supresión de la autorización previa, la segunda arma de la ley es la ventanilla única, para lograr simplificar los trámites.

La ley se tramitará a lo largo del 2009 y debe estar en vigor antes del 31 de diciembre. Obligará a todas las normas de Estado, autonomías y ayuntamientos y por eso, ha sido apodada como ley paraguas.

En paralelo, habrá que corregir toda la normativa vigente hasta ahora. Esto será mucho más complejo y polémico. De los 7.000 procedimientos o normas que deberán ser revisadas o derogadas, en el ámbito del Estado, se han identificado 80 leyes y 370 reales decretos. La reforma de la mayoría de ellos se incorporará en una segunda ley, apodada como ley ómnibus que se tramitará, en paralelo, en el 2009. Otros aspectos --comercio interior y colegios profesionales-- se regularán aparte.

18/10/2008 ROSA MARÍA SÁNCHEZ